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Primer acuerdo entre Roma y Pekín sobre el nombramiento de obispos

El acuerdo provisional entre la Santa Sede y el gobierno chino, firmado el 22 de septiembre en Pekín, sobre el nombramiento de obispos, llega tras un largo y tortuoso diálogo. Pero “no es el final de un proceso –ha precisado el portavoz vaticano, Greg Burke–. ¡Es el principio!”.

Con el acuerdo, la Santa Sede espera poner fin a la grave anomalía que desgarra a la comunidad católica china desde hace más de cincuenta años: la existencia, por una parte, de obispos nombrados ilícitamente a instancias del régimen, sin autorización de Roma, y por otra, de obispos legítimos, pero no reconocidos por el gobierno, impedidos en mayor o menor grado –según las épocas– de ejercer su ministerio, o incluso encarcelados. La desaparición de esta duplicidad de jerarquía permitiría ir sanando la división entre los fieles que han aceptado el control del partido sobre la Iglesia por medio de la Asociación Patriótica de Católicos Chinos (APCC), o simplemente se han resignado a él, y los que han rehusado contemporizar y celebran el culto en la clandestinidad.

Tras el acuerdo, el Papa Francisco ha podido erigir una nueva diócesis en China, la primera en más de 70 años

La firma del acuerdo ha tenido hasta ahora dos efectos. El mismo día, el Papa admitió a la plena comunión a los últimos ocho obispos consagrados sin mandato pontificio; entre ellos, uno fallecido el año pasado, que como los otros había pedido el reconocimiento de la Santa Sede. Y a la vez, Francisco erigió una nueva diócesis, cosa que no había podido hacer ninguno de sus predecesores después de Pío XII en 1946. La diócesis recién creada, Chengdé (Hebei, al noreste del país), cuenta unos 25.000 católicos entre un total de 3,7 millones de habitantes, con 12 parroquias y 7 sacerdotes.

Firmado, pero no público

Pero el acuerdo mismo no se sabe en qué consiste: si en que el gobierno o la Santa Sede escogerán un obispo entre una lista de candidatos presentada por la otra parte, o si en que el Papa tendrá poder de veto sobre los designados por la APCC, u otra fórmula. Una nota del Vaticano precisa que el acuerdo “está en vigor y es vinculante”, pero no se hace público su contenido porque tiene carácter “provisional y en cierto modo experimental”, y queda sujeto a “revisiones y perfeccionamientos”.

Cabe suponer que Roma no tendría inconveniente en publicar los términos del acuerdo si Pekín no pusiera objeción. Si así ha ocurrido, una explicación de la reserva china puede ser que el Ministerio de Asuntos Exteriores, firmante del acuerdo, no quiera que se sepa a qué se compromete porque no está seguro del apoyo final del Partido. Según una teoría extendida, en el aparato comunista hay división entre los “moderados”, partidarios de entenderse con la Iglesia, y los de la “línea dura”, que rechazan pactar.

Un problema antiguo

En cualquier caso, el acuerdo llega después de tres decenios largos de tentativas de negociación y varios años de conversaciones. El problema de los obispos ilegítimos comenzó al poco tiempo de que se fundara la APCC en 1957: el año siguiente ya habían sido consagrados más de veinte sin autorización. La Santa Sede, por su parte, siguió nombrando obispos, que tenían que ser consagrados y ejercer ocultamente, y solían acabar privados de libertad. Estas dificultades movieron a la Santa Sede a conceder a los obispos chinos legítimos, en 1981, el privilegio de consagrar a otros, en caso de necesidad, sin consultar con Roma, lo que a la postre contribuyó a aumentar la confusión: los fieles tenían aún menos fácil saber a ciencia cierta quiénes eran los pastores en comunión con el Papa.

Un punto muy delicado es la sensibilidad de los católicos que no se han plegado a las imposiciones del régimen

Aprovechando la suavización del comunismo bajo Deng Xiaoping, Juan Pablo II comenzó un paciente acercamiento a China. Pero hubo un notable retroceso en 2000, con nuevas ordenaciones ilícitas de obispos y la reacción indignada del régimen a la canonización de 120 católicos chinos muertos en la rebelión de los bóxers (1899-1901): mártires para la Iglesia, ejecutados por traidores al servicio de las potencias extranjeras según Pekín.

El año siguiente, Juan Pablo II intentó cerrar heridas en un significativo discurso sobre Matteo Ricci, en el que pidió perdón por los errores cometidos en la evangelización de China. Mencionó en particular que en algunas épocas la Iglesia actuó bajo la protección de los poderes europeos, lo que la mezcló con los intereses políticos de estos y la hizo parecer un agente extranjero a ojos de muchos chinos.

La mayoría de los obispos ilícitos comenzaron luego a solicitar el reconocimiento de la Santa Sede, y aunque en 2006 volvió a haber consagraciones sin mandato pontificio, el año siguiente, Benedicto XVI pudo anunciar que, tras haber acogido las peticiones, casi todos los obispos de China eran legítimos. El Papa Ratzinger suprimió además el privilegio de ordenar obispos ocultamente. Y dio uno de los pasos más importantes de este proceso con su Carta a los católicos chinos, en la que alentaba a superar las divisiones y manifestaba la necesidad de buscar un acuerdo justo con la autoridad civil.

Después de 2007, hubo un tiempo de calma, con nombramientos consentidos por Pekín y Roma, hasta que en 2010 y 2011 el gobierno apretó las tuercas y otra vez fueron consagrados obispos ilícitos. La Santa Sede protestó con energía, y el acercamiento quedó detenido. Francisco logró reanudar el diálogo, que ahora da su primer fruto concreto.

Se puede argüir que es preferible un acuerdo que suponga algún avance a no tener ninguno

Ciertamente, es solo el principio, como dice Burke. Quedan, además de comprobar que el acuerdo funciona, otros temas sin resolver. Uno es qué se hace de la APCC, que no puede tener autoridad sobre la Iglesia. Haría falta también constituir una Conferencia Episcopal china, pues el colegio de obispos constituido por la APCC no cumple las funciones correspondientes y no es reconocido por la Iglesia. Habría que llegar a acuerdos sobre la apertura de lugares de culto, el establecimiento y gobierno de seminarios, la selección de candidatos al sacerdocio… Y convendría que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre China y la Santa Sede.

Los que no se plegaron al régimen

En todo el proceso de acercamiento, un punto muy delicado es la sensibilidad de los católicos que no se han plegado a las imposiciones del régimen, asunto que tocó Benedicto XVI en su Carta de 2007. Ellos pueden ver en un acuerdo con Pekín un menosprecio de sus sufrimientos, mientras se premia a los acomodaticios. En particular, a los obispos legítimos, pero no admitidos por el gobierno, se pide el sacrificio de hacerse a un lado, lo que ya provocó la sonora protesta del Card. Zen, opuesto a las negociaciones. Tampoco falta razón a quienes advierten que no cabe, en realidad, acuerdo bueno con el régimen chino, que no respeta la libertad religiosa. Desde este mismo año ha implantado una regulación más dura, y este mes ha aprobado nuevas restricciones, concretamente a la difusión de mensajes religiosos por Internet.

Pero esta postura no ofrece mejor alternativa mientras no cambie el régimen chino. No pactar de una forma u otra prolongaría y quizá ahondaría la división en la Iglesia; obligaría a elegir entre una “doble jerarquía” y una sola compuesta de obispos ilegítimos. Por eso también se puede argüir que es preferible un acuerdo que suponga algún avance a no tener ninguno. Si en efecto es así o no, no lo sabremos hasta que veamos los frutos del proceso recién iniciado.

RAFAEL SERRANO

24.SEP.2018

ACEPRENSA