Pedro Sánchez pretende elevar el aborto a la categoría de derecho constitucional en una España marcada por la crisis de natalidad. Ante esta ofensiva política, el silencio católico no es una solución, pero tampoco lo es facilitar la estrategia electoral del Gobierno.

Sánchez ha profundizado a lo largo de su gobierno en una campaña sistemática, por todos los medios a su alcance, de fomento del aborto. Recorre así un camino terrible que ha convertido lo que antes se consideraba un mal menor en un bien superior, ante el cual todos los demás bienes deben supeditarse.

Ha retirado todo control y garantía jurídica de las clínicas privadas donde se practica y ha suprimido, en unos actos de aberración extrema, todo tipo de información dirigida a la mujer que quiere abortar sobre posibles alternativas y daños y perjuicios potenciales.

Ha cancelado la patria potestad de los padres en esta cuestión, permitiendo la decisión de las menores, algo que no se admite ante decisiones mucho menos trascendentes, como realizar un viaje o acudir a votar.

Lo defienden, además, bajo un estereotipo de mujer que definió Irene Montero y que es pura bazofia humana: postular un desiderátum femenino que consista en poder volver sola y borracha a su casa por la noche sin sufrir ningún problema.

Este es el horizonte de civilización que nos propone la sociedad feminista y progresista de Pedro Sánchez.

Ahora, en plena precampaña, Sánchez ya ha formulado la nueva propuesta: consagrar el aborto como principio constitucional. Y todo esto sucede en una sociedad en la que cada vez nacen menos niños, donde mueren más personas de las que nacen —nada menos que 122.000 en 2025— y que sufre las sacudidas de una inmigración masiva e intensa.

Responder a esta cuestión en pleno clima electoral presenta todo un reto.

Por una parte, los planteamientos frontales harían el juego a lo que pretende Sánchez con la movilización de su electorado, y esto parece que basta para justificar el silencio católico. Pero obrar así, como demuestra la experiencia de años, hace que solo los abortistas construyan el marco de referencia social dentro del cual la gente establece sus criterios. De esta manera, han edificado la hegemonía del aborto.

Hay un tercer camino: abrir el debate, pero con líneas argumentales que quiebren el muro del aborto en parte de sus componentes, entre quienes no están fanatizados y han llegado a la conclusión de que es lo mejor, pero solo mediante la argumentación unilateral que el poder ha ido proporcionando.

Un enfoque de difusión y debate debe apoyarse en argumentos del tipo siguiente: el aborto provocado constituye, desde la concepción humanista, un daño primario porque pone fin deliberadamente a una vida humana en desarrollo, distinta de la madre. A este daño se añaden otros, de carácter personal, social, demográfico, económico, jurídico e institucional. Por ello, su admisión legal en determinadas circunstancias no equivale necesariamente a su legitimación como derecho moral fundamental ni como bien que deba promoverse.

El aborto no constituye un bien por el hecho de estar permitido; su legitimación como derecho moral fundamental exige justificar por qué la autonomía de una persona puede prevalecer hasta el punto de poner fin deliberadamente a otra vida humana en desarrollo. La mera voluntad no proporciona esa justificación. La obligación de una sociedad humanista consiste en proteger la vida y afrontar las circunstancias que hacen difícil acogerla, comenzando por las necesidades y la libertad real de la mujer.

Esta formulación sitúa el debate en la incompatibilidad que se denuncia entre convertir la eliminación deliberada de una vida humana en un bien jurídico positivo y sostener una concepción verdaderamente universal e incondicionada de la dignidad humana.

Como mínimo, siete grandes ejes argumentales pueden desarrollarse:

1. El concebido es un organismo humano vivo, distinto de la madre, cuyo desarrollo comienza con la fecundación. La cuestión moral es qué protección merece esa vida.

2. El aborto provocado ocasiona un daño irreversible a ese organismo: termina su existencia y le priva del futuro que habría podido vivir.

3. La dignidad humana, si es verdaderamente universal, no puede depender exclusivamente de la autonomía, la conciencia, la utilidad, el estado de desarrollo o el deseo ajeno.

4. La libertad de decidir sobre el propio cuerpo es un bien fundamental, pero no resuelve por sí sola un conflicto que afecta directamente a otra vida humana.

5. Permitir legalmente el aborto en determinadas situaciones y proclamarlo como un bien o derecho fundamental incondicionado son decisiones morales y jurídicas diferentes.

6. El aborto tiene consecuencias que exceden la decisión individual: afecta a la relación  maternofilial y puede producir daños personales, sociales, demográficos y económicos, cuya importancia debe evaluarse con rigor.

7. Un Estado comprometido con la dignidad y la libertad debe proporcionar protección efectiva a la mujer embarazada y hacer materialmente posible que tenga al hijo que desea.

Además, en el ámbito católico, para quienes todavía consideren que pueden contrabalancear el aborto con determinadas políticas sociales del PSOE, hay que exigir coherencia con la fe que dicen profesar, comenzando por Salvador Illa, por otras ocho buenas razones: (…)

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