El movimiento objetor contra ‘Educación para la ciudadanía’ continúa extendiéndose imparablemente por toda España. A fecha 14 de mayo ya se habían presentado al menos 30.663 objeciones de conciencia, pese a las argucias de las administraciones central y autonómicas para intentar impedir el ejercicio de ese derecho.

Según la información facilitada por Profesionales por la Ética en el día de ayer, el movimiento objetor a ‘Educación para la ciudadanía’, la asignatura mediante la que el Estado pretende formar la conciencia moral de los alumnos de Primaria, la ESO y el Bachillerato, sobrepasa ya el número de 30.000 declaraciones de objeción tramitadas.

Ni las amenazas del Ministerio de Educación y de algunas consejerías de los gobiernos regionales a los padres objetores, ni la persecución y las sanciones a sus hijos en algunos centros educativos, ni la indefinición de algunas comunidades autónomas con gobiernos del PP, ni la utilización de todos los mecanismos de poder (político, jurídico, legislativo y mediático) para quebrantar la pacífica resistencia ciudadana a las vulneraciones de sus derechos constitucionales por parte de la Administración Pública han conseguido su propósito. Cada día son más quienes nos están dispuestos a dar… ¡ni un paso atrás!

Por otra parte, las familias objetoras han visto reconocido su derecho a ajercer la objeción de conciencia como recurso plenamente válido ante las pretensiones adoctrinadoras de esta materia, en dos sentencias del TSJ de Andalucía adoptadas el 4 de marzo y el 9 de abril.

En solo un año, la objeción de conciencia contra EpC ha alcanzado una cifra que representa más del 40% del número de las objeciones que durante toda una década alcanzó el movimiento objetor al servicio militar (unas 70.000).

Con los datos que obran en poder de la mencionada asociación, cerrados fecha de 14 de mayo, las familias españolas han planteado al menos 30.663 objeciones de conciencia para que sus hijos no se vean obligados a recibir enseñanzas de carácter moral e ideológico impuestsa por el Estado, sin respetar el derecho de los padres a decidir al respecto.

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